El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y la jueza titular, Aura Celeste Fernández, favorecieron este jueves la decisión del mandatario Leonel Fernández de posponer el conocimiento de la Reforma Constitucional para dar prioridad a la cumbre de las fuerzas vivas.
Para el facultativo del organismo comicial, Julio Cesar Castaños Guzmán, la propuesta del presidente Fernández le pareció muy prudente y acertada, tras aclarar que primero deben recogerse las opiniones surgidas de la cumbre.
Mientras que la magistrada Fernández entiende que no hay que apresurarse ni empujar tanto la carreta, ya que los temas deben conocerse a su debido tiempo “y en estos momentos tiene prioridad ante todo llegar a la conciencia nacional de la situación en la que se encuentra el país”, sostuvo.
Destacó que la cumbre debe tomarse como un espacio para buscar soluciones alternativas que puedan lograr que los efectos de la crisis mundial no afecte drásticamente a la República Dominicana.
Asimismo, permitir la cultura de una verdadera austeridad tanto en el sector público como a nivel nacional. “Lo importante es que la cumbre no sea un escenario más donde se juega con la gente, sino un espacio para encontrar soluciones y aplicarlas”, resaltó la magistrada.
Por otro lado, ambos magistrados expresaron sus diferencias con relación al alcance que debería tener la Ley de Partidos Políticos y el financiamiento de los mismos.
Para la magistrada Fernández en la JCE debería existir un departamento debidamente equipado, para auditar como hace la Cámara de Cuentas, de tal manera que se determine la forma como los partidos políticos utilizan los recursos que reciben del organismo electoral.
Sin embargo, Castaños Guzmán considera que para auditar a los partidos políticos existen la Cámara de Cuenta y la Contraloría de la República, por lo que la junta solo debe supervisar los procesos electorales.
Los jueces electorales ofrecieron sus consideraciones al participar en la actividad donde el organismo electoral en coordinación con el Banco Mundial y el Gabinete Social inició la ejecución de un programa para dotar de documento de identidad a las personas de escasos recursos que carecen de los mismos.
El proyecto se desarrollara a través de la Unidad de Declaraciones Tardías del tribunal electoral, quien dispondrá de un equipo de gestores de documento, que tendrá a su cargo la compilación de la documentación requeridas por la JCE para la expediciones de Actas de Nacimientos y posterior Cédula de Identidad y Electoral.
De acuerdo al magistrado Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa electoral mediante las Unidades Móviles de Declaraciones Tardía de Nacimiento, instaladas en diversas localidades del país se ha documentado a 4 mil 329 ciudadanos, así como 4 mil 939 en la Unidad Central, ubicada en el centro de Los Héroes.
De igual forma en las oficialías de Estado Civil han sido declarado 61mil 047 ciudadanos desde el 2007 hasta la fecha. Todo esos trabajos conllevaron una inversión de 1 millón 200 mil dólares, de los cuales 149 mil 892 dólares lo aportó las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Rosario destacó que en tan solo 29 días una de las Unidades Móviles instalada en San Juan de la Maguana documentaron 668 ciudadanos de Padre Las Casas y en al comunidad de Las Yayas de Viajama 108. Entre otro.
El titular de la Cámara Administrativa apuntó que esas estadísticas le permiten afirma que en el proyecto es viable, y que en un plazo de tres años se habrá concluido y resuelto con uno de los mayores problema que es la indocumentación.
En la actividad participaron el representante del Banco Mundial, Roberto Senderowitsch y el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.
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